Con el cese, a finales del pasado mes de noviembre, de las
labores de arranque en el “pozu Candín” (Langreo), se daba el primer paso en firme hacia el cumplimiento del plan de cierre de
minas acordado meses atrás por la dirección de Hunosa presidida por Juan Ramón
García Secades.
 |
| Pozu Candín. 2012 |
Dicho plan daba cumplimiento a los requerimientos de la
Decisión del Consejo de la Unión Europea del 10 de diciembre de 2010, según la
cual “las ayudas estatales a la industria del carbón” recibidas por la hullera
estatal habían de “limitarse estrictamente a las unidades de producción cuyo
cierre estuviera planificado irrevocablemente”.
A resultas de tal consideración, Hunosa habría establecido
un calendario en el que, tras el cierre del pozo mencionado, que habrá de
realizarse definitivamente a comienzos del próximo verano, se producirían los
de Maria Luisa y Sotón (Langreo), en el segundo semestre del año próximo;
Nicolasa (Mieres) y Monsacro (Morcín), en el segundo trimestre de 2016; para
acabar con los de Carrio (Laviana) y Santiago (Aller), ya entre los años 2018 y
2019.
Estos planes habrían sido sometidos a revisión tras la toma
de posesión de la allerana María Teresa Mallada como Presidenta de la compañía
carbonera, quien habría manifestado públicamente su propósito de tratar de
incluir al carbón en la “reserva estratégica energética”, en consonancia con
los fines previstos por el marco legislativo comunitario a que ponía término la
Decisión de diciembre de 2010 antes mencionada.
En dicho marco previo, constituido por el Reglamento
1407/2002 del Consejo de la Unión Europea, aprobado el 23 de julio de 2002, se
establecía la posibilidad de que las empresas mineras recibieran ayudas
estatales destinadas a “mantener el acceso a reservas de carbón”, con el
propósito de que sus países miembros mantuvieran, en atención a razones
estratégicas, cierta capacidad de producción de dicha fuente de energía primaria.
Esa alternativa sería desestimada, sin embargo, por el
Consejo de la Unión en 2010 en consideración a la “pequeña contribución del
carbón subvencionado a la combinación energética global” de la misma; así como
para “minimizar el falseamiento de la competencia en el mercado interior”.
Tal cambio de posición elevaba a directriz comunitaria el
deseo de Alemania, hecho público tres años antes, de no seguir auxiliando la
producción de carbón; anuncio éste al que seguiría, aquel mismo año, la
renuncia por parte de la institución continental a prorrogar el Reglamento de
diciembre de 2002 por el que se venían concediendo tales auxilios.
En todo caso, y fueren cuales fuesen los propósitos
manifestados por la Presidenta de la sociedad, a día de hoy ni Hunosa ha hecho
público su definitivo plan de cierres, como tampoco su Plan de Empresa para el
período 2013-2018, aunque haya enviado ya el primero al Ministerio de
Industria; ni éste ha hecho lo propio con el Plan Sectorial del Carbón, que,
aprobado, por vez primera, sin negociación con los sindicatos, y siendo
desconocido aun por estos, obra ya, sin embargo, en poder de las instituciones
comunitaria.
Sucede todo ello, además, en un contexto en que la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista único de la hullera,
ha declarado públicamente a la empresa, no sin desmentidos posteriores por
parte del ministerio, “en trámite de liquidación o cierre”, por boca de su
Presidente Ramón Aguirre.
Por lo demás, la referida Decisión de 2010 por la que se establece el 31 de diciembre de 2018 como límite para la percepción de ayudas para “facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas” llega en pleno periodo de vigencia de un “Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012”, en cuya misma introducción se sostiene como “principio general” la “necesidad de estabilizar la actividad del sector en niveles compatibles con su condición de recurso estratégico”, en evidente contradicción con las consideraciones al respecto del Consejo europeo.
Por lo demás, la referida Decisión de 2010 por la que se establece el 31 de diciembre de 2018 como límite para la percepción de ayudas para “facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas” llega en pleno periodo de vigencia de un “Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012”, en cuya misma introducción se sostiene como “principio general” la “necesidad de estabilizar la actividad del sector en niveles compatibles con su condición de recurso estratégico”, en evidente contradicción con las consideraciones al respecto del Consejo europeo.
En tales circunstancias, y ante un hecho de tanta
significación social, económica y política para las comarcas centrales
asturianas y Asturias misma en su conjunto, la Agrupación Comunista Plaza
Syntagma, organización de base del Partido Comunista de Asturias, quisiera
mostrar, en primer lugar, su solidaridad con los trabajadores del “pozu Candín”
inmediatamente afectados por el proceso conducente a su cierre; así como con el
conjunto de los trabajadores de Hunosa y sus subcontratas, manifestando su
partido, en consonancia con el de la organización política en que se integra,
en favor del mantenimiento de la actividad de la hullera estatal, en régimen de
tal, más allá del 31 de diciembre de 2018, en unas condiciones que garanticen
el sostenimiento de una reserva estratégica de carbón de titularidad pública
sometida a los intereses de la nación y explotada en las mejores condiciones
laborales posibles para todos sus trabajadores.
Del mismo modo, declara ésta, también, su apoyo a la
inversión por parte de las administraciones públicas, en las más rigurosas
condiciones de control, transparencia y rendición de cuentas, en el desarrollo
de nuevas tecnologías, procesos y actividades económicas, tanto vinculadas a la
mencionada reserva estratégica como cualesquiera otras, que proporcionen
alternativas de futuro para las poblaciones de las cuencas mineras asturianas y
les permitan seguir habitándolas en unas condiciones de vida y desarrollo
social similares a las que disfruten el resto de los españoles.
